EL BIEN COMÚN, LIBERALISMO y MODERNA ANARQUIA

EL BIEN COMÚN, LIBERALISMO y MODERNA ANARQUIA

Desde el surgimiento de la llamada ‘cuestión social’, ocasionada por situaciones de malestar e injusticia en relación con las condiciones y deberes de muchos trabajadores, particularmente durante la llamada Revolución Industrial en el siglo XIX, el Magisterio de la Iglesia ha sido unánime en hablar reiteradamente de la noción de bien común y de la necesidad de tender hacia él de modo eficaz.

Ya el papa León XIII, en la carta a los obispos franceses acerca de una cuestión entonces muy debatida (la encíclica Au Milieu des Sollicitudes, promulgada el 16/2/1892), al referirse a la cuestión de una forma legítima de gobierno, aseguraba que su “fin es el bien común, para el cual fue instituida la Autoridad social”. Consideraba dicho bien, por consiguiente, la finalidad para la cual la autoridad se erigía, y en cierto modo, el fundamento de esta última. Añadía: “el bien común, fin último y elemento constitutivo de la sociedad humana”. Se llegaba incluso a afirmar que los deberes de respeto y sumisión a una autoridad constituida de facto “deben durar mientras las exigencias del bien común lo requieran, porque este, después de Dios, representa en la sociedad la ley primera y última”[1].

El Catecismo de la Iglesia Católica, haciendo referencia al precedente Concilio Vaticano II, llega a una definición taxativa como la siguiente: “Por bien común, es preciso entender «el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección» (cfr. Gaudium et Spes 26, 1; 74, 1). El bien común afecta a la vida de todos. Exige la prudencia por parte de cada uno, y más aún por parte de aquellos que ejercen la autoridad”[2]. Este (el bien común) reúne tres condiciones esenciales: 1) el respeto de la persona en cuanto tal, lo que implica respeto de los derechos fundamentales e inalienables de cada uno; 2) el bienestar social o desarrollo del propio grupo, como resumen de todos los deberes sociales; 3) la paz, que significa la estabilidad y la seguridad de un orden justo, lo que fundamenta, entre otros, el derecho a la legítima defensa individual y colectiva[3]. De hecho, de la necesidad del bien común nacen deberes reconocidos incluso por quienes niegan la existencia de un bien común independiente, como el pago de impuestos o el servicio a la defensa común[4].

Los adversarios de la noción de bien común no suelen proceder negando directamente su existencia -probablemente por el carácter evidente de muchas de sus exigencias-, sino que tienden a desnaturalizarla, afirmando que es un simple resultado de la suma de los bienes individuales. El bien común termina por constituir una mera noción abstracta o simplemente un nombre que sólo designa una relación asociativa. Esta concepción reduccionista no es ciertamente real y corresponde aún menos a la mentalidad que fundamenta la doctrina social de la Iglesia: el bien común no es la suma de los bienes individuales, no es una simple colaboración entre intereses privados, ni sólo una condición favorable que sirve para satisfacer necesidades personales, del mismo modo que la sociedad no es un simple agregado de personas, y un edificio no es la suma de los elementos que lo componen.

En efecto, “así como un todo orgánico no es la suma de los elementos que lo componen, sino una unidad superior con una naturaleza específica propia, así tampoco el Estado debe concebirse como la suma de los individuos (según la concepción liberal), sino como una entidad de orden superior constituida por la relación real existente entre las partes. Y tales entidades colectivas no sólo tienen una existencia que no coincide con la de sus componentes, sino que también poseen una operación propia”[5]. El mismo Santo Tomás de Aquino concuerda con esto al afirmar que existen operaciones atribuibles más al conjunto que a los individuos aislados, aunque sean provocadas por ellos en última instancia: “Sin embargo, se trata también de una acción realizada por el conjunto, no por una sola de sus partes, así como, por ejemplo, en la intervención de un ejército entero; y como el arrastre de una nave es la acción de la multitud que la empuja”[6]. Reafirma también el principio de que: “las partes aman naturalmente al todo más que a sí mismas. Y cada individuo ama más el bien de su especie que su bien particular”[7].

El liberalismo, en cambio, incluso en sus versiones modernas, postula un individualismo craso, donde “el bien común es la suma de los bienes individuales y cada uno crea su propia fortuna”, con el riesgo, no poco frecuente, de caer en un amoralismo económico y político, porque se da lugar a buscar la fortuna incluso de manera poco escrupulosa e inmoral, perjudicando también al prójimo, abusando de la propiedad privada, de las oscilaciones del mercado y de la ausencia del Estado[8].

El Estado, que ciertamente debe dejar espacio a la libre iniciativa y a la propiedad, no puede estar absolutamente ausente de la vida económica, como lo afirma -entre otras cosas- la nueva encíclica del papa León XIV:

«En este sentido, podemos afirmar que “el todo es más que las partes”[9] y que precisamente por eso “la mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad”. Es una ilusión pensar que sea suficiente con buscar el propio progreso para contribuir al bien de todos, sin tener que preocuparse realmente de los demás. Esta visión ignora el valor propio y específico del bien común; este es fruto de la “interdependencia” [10] que provoca una red de bien social que se difunde e incide en las personas. El bien común es un plus, resultado de la interacción y de la influencia recíproca que une diferentes acciones, iniciativas, esfuerzos y decisiones. Si se sumaran simplemente los bienes individuales, no se podría explicar la existencia de este plus que los supera y al mismo tiempo los enriquece.

La búsqueda del bien común es lo que da vida a un pueblo, entendido no como una mera suma de individuos, sino como una realidad viva donde las personas aprenden a reconocerse vinculadas las unas a las otras y como corresponsables de la res publica. En este sentido, cada persona contribuye a construir su propio pueblo con “un trabajo lento y arduo que exige querer integrarse y aprender a hacerlo hasta desarrollar una cultura del encuentro en una pluriforme armonía”[11]»[12].

Siguiendo la orientación de la doctrina social de la Iglesia, queda perfectamente claro que el bien común del que se habla no es un mero título, nombre, y tampoco una construcción formal o cuantitativa. Es una entidad propia a la que hay que tender por sí misma y para la que hay que procurar medios que sean eficaces, y realmente eficaces. Bajo este punto de vista, la teoría -no sé si bien o mal llamada- del ‘derrame’, por la cual, procurando el bien y la riqueza individual de la mayoría, dicha riqueza se terminará volcando sobre el resto, produciendo un gran bienestar en la sociedad, es esencialmente falsa, ante todo porque es muy difícil calcular cuanto puede llegar a beneficiarse el resto de la sociedad de un supuesto derrame, pero sobre todo porque no se tienen en cuenta muchos factores individuales que no se nutren simplemente del hecho de que algunos reciban, se enriquezcan o incluso gasten mucho.

La crítica que actualmente (y desde ya varias décadas) muchos sectores de trabajadores, agentes pastorales y voluntarios, de matriz protestante y sobre todo católica, incluidos no pocos sacerdotes y obispos, hacen a esta visión liberal de la economía no es errada. El problema consiste en que muchas veces no ven el error contrario en el que se puede caer y en el que caen, y sobre todo no ven el hecho que muchos de aquellos con quienes se asocian en estas reivindicaciones, tampoco tienen una correcta visión del bien común. En realidad, muchos no creen en él: desde los revolucionarios del año 68 en Europa, pasando por todos los movimientos revolucionarios y socialistas latinoamericanos y de otras latitudes, para terminar con la actual rebelión de la ‘generación Z’ (para usar un término en boga).

No es un pecado que personas de distintos credos o ideologías, o incluso de las que -dicen ellos- no tener ningún credo, coreen y bramen por valores que consideramos justos o incluso cristianos, pero hay que estar atentos a cómo lo hacen y cuáles son sus auténticas reivindicaciones, porque muchos de ellos no comparten una visión de fondo sobre dichas problemáticas -y menos comparten nuestra visión del hombre y de la sociedad-, y por lo tanto, el fin que buscan es en definitiva otro. Y el Bien Común dice de por sí razón de fin, de fin social, de un fin que sirve de orientación para gran parte de la vida humana. Los que no creen en ningún tipo de Ser Trascendente, y menos aún en un Dios que se encarna, no conciben ni aprecian un auténtico fin último al cual se debe tender. Para ellos, beneficiar a los más carenciados sólo es posible por oposición, a veces activa y militante, contra los que poseen bienes en mayor abundancia. La realidad se concibe para ellos en clave dialéctica, dialéctica de oposición, y muchas veces de deseo de eliminación del adversario, o al menos de reducirlo a una absoluta impotencia.

Algunos dirán que ya no es el tiempo de recurrir a reivindicaciones sociales a través de protestas y métodos violentos, considerando dicha ‘violencia’ del pasado simplemente un elemento accidental, que hoy habría cambiado. Los acontecimientos que están ocurriendo en Europa en pleno octubre de 2026, y que no son sino repetición de otros vividos en estos últimos años, nos recuerdan que no es así. En realidad, no es así casi por regla, porque cuando estos grupos llegan a poseer cierto poder, redescubren los métodos violentos que decían haber olvidado. Más allá de eso aún, la violencia que revindican no es accidental sino intrínseca a su visión de las cosas, reflejándola ellos con otras modalidades, como reducir al silencio y al ostracismo a sus adversarios, alejarlos de los puestos de influencia, ridiculizarlos y despreciarlos con mil epítetos y propagandas, llenarlos de calumnias procurando que puedan ser acusados en procesos inicuos y privados de fundamento, al mejor estilo del Sanedrín contra Jesús. Y esto sucede también al interno de grupos que revindican el Bien común, en concreto sucede también en la Iglesia. Siempre encontrarán un juez como Pilatos que, en el mejor de los casos, se lave gentilmente las manos.

Algo similar ocurre con el término justicia social, muy revindicado por grupos de orientación izquierdista (socialista o marxista). No fueron ellos a acuñarlo, sino que aquí, como en otros casos, la prioridad fue también del Magisterio de la Iglesia. En la Quadragesimo Anno del papa Pío XI, después de haber indicado los errores de una concepción económica ‘individualista’, que suprime, por olvido o ignorancia, el carácter moral y social de la economía, y de la ‘dictadura económica’, que en ciertos países había suplantado a la libre concurrencia, se afirmaba: «Han de buscarse principios más elevados y más nobles, que regulen severa e íntegramente a dicha dictadura, es decir, la justicia social y la caridad social»[13].

En tiempos más recientes, la Centessimus Annus de San Juan Pablo II, constataba el intento de establecer en ciertos lugares, aunque no sin dificultades, un orden basado en una cierta justicia social: «En algunos países y bajo ciertos aspectos, después de las destrucciones de la guerra, se asiste a un esfuerzo positivo por reconstruir una sociedad democrática inspirada en la justicia social, que priva al comunismo de su potencial revolucionario, constituido por muchedumbres explotadas y oprimidas. Estas iniciativas tratan, en general, de mantener los mecanismos de libre mercado, asegurando, mediante la estabilidad monetaria y la seguridad de las relaciones sociales, las condiciones para un crecimiento económico estable y sano…»[14]. Se postula, por lo tanto, la existencia de un principio regulador de las relaciones económicas, pero que se inspire en la capacidad de diálogo y en definitiva, en lo más íntimo de la condición humana, lo que llamaríamos su esencia, sin dar lugar a infundadas negaciones ni a estruendosas y revolucionarias dialécticas. Por eso ni el bien común, ni la justicia social pueden ser negados, como proclaman las corrientes liberales, ni transformados en procesos destructivos que van contra el hombre mismo, como quiere el marxismo, el espíritu revolucionario, y sus variantes.

En ese sentido, conviene siempre recordar que no ser de izquierda, no ser populista o no ser socialista, no querer tener un pensamiento ‘woke’ o ‘débil’, o como se pretenda llamarlo, no significa ser ni de derecha, ni liberal (aunque a veces se use un neologismo para reemplazar este último), tampoco ser despótico como sucede frecuentemente con muchos presidentes o gobiernos democráticamente elegidos, que luego de ser gobierno se desempeñan en modo ilegal y no respetan principio alguno del derecho, ni internacional, ni privado, ni público, ni consuetudinario. Tenemos que ser conscientes que la doctrina social, y más aún, la entera lógica del evangelio, del verdadero y auténtico evangelio, es realista y aplicable, a nivel personal y a nivel comunitario. Sólo la verdad os hará libres (Jn 8, 32).

R. P. Carlos D. Pereira, IVE

[1] S.S. PP Leone XIII, Au Milieu des Sollicitudes, 16/2/1892 (https://www.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_16021892_au-milieu-des-sollicitudes.html) [consultada el 17/5/2026].

[2] Catecismo de la Iglesia católica [n. 1906], citando Conc. Vaticano II, Cost. pastoral Gaudium et spes, 26. 74: AAS 58 (1966) [1046; 1096]. En adelante: CIC.

[3] Cfr. CIC [1907-09].

[4] «La sumisión a la autoridad y la corresponsabilidad en el bien común exigen moralmente el pago de los impuestos, el ejercicio del derecho al voto, la defensa del país» (CIC [2240]).

[5] Comentario del editor de la Summa Teologica de Tomás de Aquino (italiano), en nota 1 a S. Th. II-II, 61, 1; EDB Bologna (1984).

[6] Thomae Aquinae, In 1Ethic, lect. 1, n. 5.

[7] Cf. S Th I, 60, a. 5.

[8] En definitiva, un liberalismo a raja tabla, no tiene en cuenta el concepto de naturaleza humana, y menos aún el de la tendencia de dicha naturaleza al mal y al egoísmo (que en la tradición cristiana se explica por la culpa original), pero en el fondo está suponiendo una ‘especie de pseudo naturaleza común’ a los hombres, según la cual todos buscarían en teoría el bien de modo honesto.

[9] Sentencia que se encuentra en PP. Francesco, Carta enc. Fratelli tutti, 3/10/2020, 105: AAS 112 (2020), 1005.

[10] PP. S. Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis, 30/12/1987, 38: AAS 80 (1988), 564.

[11] PP. Francisco, Exhort. ap. Evangelii Gaudium, 24/11/2013, 220: AAS 105 (2013), 1110.

[12] Cfr. PP. León XIV, Carta encíclica Magnifica humanitas, 15/5/2026, 61-62 [consultada el 30/5/2026]

[https://www.vatican.va/content/leo-xiv/es/encyclicals/documents/20260515-magnifica-humanitas.html]

[13] PP. Pío XI, Carta enc. Quadragesimo Anno, 15/5/1931, 88: AAS 23 (1931), 177-228. El concepto había sido sistemáticamente utilizado por el docto jesuita L. Taparelli desde 1840, aunque existía desde antes. Coincide, en su concepción y alcance, con el término de justicia legal utilizado por la escolástica, en particular por Tomás de Aquino.

[14] PP. S. Juan Pablo II, Carta enc. Centessimus Annus, 1/5/1991: AAS 83 (1991), 847.